Original publicado en 2002 como editorial de "Entorno educativo", suplemento de la revista Málaga Variaciones
En estos días la sociedad española está a la espera de un nuevo decretazo gubernamental en materia educativa. Tras el Decreto de Humanidades y la LOU, Aznar y Del Castillo amenazan con la Ley de la Calidad de la Enseñanza. Esta otra paletada de tierra sobre el sistema educativo público incluirá como aspecto central la separación temprana de los estudiantes en tres vías: una academicista pensada para «los mejores», otra adecuada para la inmediata inserción de los «regulares» en el mundo laboral y, por último, una vía para los «torpes» o «inadaptados». Es obvio que tras la tramposa apuesta por la «calidad» del sistema educativo se esconde el homicidio del imperfecto y tímido intento de una enseñanza pública para todos que supuso la LOGSE y la vuelta al sistema de ramas paralelas de la reforma de 1970: una enseñanza para élites (el bachillerato), una enseñanza para masas de obreros más o menos cualificados (la Formación Profesional) y una invitación a las excelencias de la calle para los menos rentables socialmente.
Los ataques a la escuela para todos no se circunscriben, sin embargo, al Gobierno sino que encuentran terreno abonado en aquellos sectores de la población que hacen del culto a la (supuesta) libre competencia y del principio de selección mediante el mecanismo del (supuesto) libre mercado los pilares de la ideología que legitima y justifica un orden social opuesto a los principios de igualdad, compensación y justicia sociales. Entre sus defensores se encuentran no pocos profesionales de la enseñanza.
Siendo grave este planteamiento, resulta casi inocente si lo enfrentamos a las demagógicas razones que se esgrimen en su defensa: la escuela comprensiva produce un descenso de la calidad y del nivel académico que sacrifica a los más capacitados y, al mismo tiempo, desatiende los intereses de los menos dotados. Juntar en unos mismos centros y aulas a quienes van a seguir, de todas formas, caminos diferentes no sólo es una pérdida de tiempo sino que va en menoscabo tanto de los unos como de los otros. O sea, que la segregación temprana es la mejor forma – y la más rentable – de atender a la diversidad. Seguramente porque los diferentes siempre suelen ser «los otros».
El Gobierno del PP (no olvidemos que el partido de Aznar se opuso con sus votos a la LOGSE) lleva tiempo construyendo, nos tememos que con la colaboración de las Comunidades Autónomas, su modelo de enseñanza elitista. La escuela para todos requiere muchos más recursos que la selectiva y esta demanda es mayor allí donde las carencias sociales, culturales y económicas de la población la hacen más necesaria. Por eso, desmantelando el sistema público de enseñanza (reduciendo plantillas, aumentando ratios, suprimiendo programas compensatorios específicos, negándose a construir nuevos centros o a adecuar los ya existentes, desviando fondos presupuestarios a otros sectores, incrementando el número de centros subvencionados, facultando a los centros para la selección de su alumnado) se consigue que el usuario identifique «calidad educativa» con «enseñanza privada» y, como consecuencia, que demande más dinero público para los conciertos. Se cierra así el círculo: la escuela para todos – asfixiada económicamente – demuestra su fracaso; sustitúyase por una adecuada red de centros privados subvencionados que atienda adecuadamente la «demanda social» y la «libertad de elección»...para los que pueden demandar y elegir.
El futuro de la enseñanza pública es incierto. En la lucha por recuperarla para el conjunto de la sociedad sobran los discursos de los «realistas», «desencantados» o «quemados» que se empeñan en probar que la escuela no pueda hacer nada por nivelar las desigualdades sociales o redistribuir equitativamente las oportunidades. Mucho más los de aquellos que esgrimen razones «humanitarias» en apoyo a la segregación. Ambos, por acción u omisión, están ayudando a hacer realidad los peores presagios.
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